Red Roja sobre el referéndum en Catalunya

Por su interés reproducimos aquí el texto de Red Roja: “referéndum en Catalunya: ¡Ejercer el derecho de Autodeterminación y votar “SÍ” para romper el Régimen del 78!”

El movimiento por la emancipación nacional de Catalunya se enfrenta a una fase decisiva. El referéndum del 1 de Octubre plantea, más allá de su resultado, la ruptura expresa de un territorio del Estado español con el Régimen de la Monarquía borbónica heredada del franquismo porque el pueblo catalán reivindica su soberanía.

El “Estado de las Autonomías” incluido en la Constitución de 1978 se basa en concesiones administrativas y políticas a las diversas naciones sujetas a la supremacía del Estado; concesiones, por lo demás, extendidas al conjunto del Estado bajo el forzado “café para todos” precisamente poara no reconocer la diversidad nacional en el marco estatal español. La única “nación” reconocida en aquella es la española, entendida como la asimilación imperialista de todos los territorios y culturas. Frente a los anhelos rupturistas de los años de la Traisición, y a fin de mejor avalar la aprobación de la Constitución, esta se hizo acompañar de falsas promesas y esperanzas de desarrollo, tras 40 años de dictadura y represión. Pero en los últimos años el margen de maniobra de este sistema autoritario y centralista se ha agotado llegando a perder gran parte de la confianza en sus posibilidades de desarrollo democrático que había llegado a cosechar entre la población. La posibilidad de actualizar el “Estado de las Autonomías” sin ir a la raíz del problema fracasó cuando el Estatut de 2006, aprobado en el Parlament de Catalunya y en las Cortes, fue severamente mutilado por el Tribunal Constitucional –completamente caducado y politizado- sin tener en cuenta que había sido refrendado por el pueblo catalán. Los artículos recortados fueron precisamente todos los referidos a la consideración de Catalunya como nación y a su especificidad política, cultural y lingüística para ejercer algunas competencias exclusivas.

El estallido de la crisis no ha hecho sino poner en estrecha relación las reivindicaciones democráticas y sociales desde los pueblos oprimidos con las cuestiones nacionales no resueltas expresándose estas con una contundencia y masividad mayor que amenaza con romper las costuras del sistema. No hay forma de hacer evolucionar el bloque constitucional monárquico (PP, PSOE, C’s) de modo que la unidad del Estado se base en principios de libertad y de igualdad: requeriría la expresión soberana de cada una de las naciones que existen en el territorio, lo opuesto a su criterio centralista y supremacista.

El derecho de autodeterminación de las naciones es un principo democrático básico, firmado pero negado expresamente para sí mismo por el Estado español. Cuando un pueblo lo reivindica mayoritariamente, no caben componendas ni es legítima la legalidad que lo excluye. La soberanía del conjunto de “la nación española” como base legal es un concepto que pretende borrar la diversidad y la historia: la ocupación de otros territorios y la imposición de normas y lengua por “derecho de conquista”.

El desarrollo económico y cultural diferenciado facilitó la reivindicación nacional catalana sobre la base de una resistencia popular aunque nunca tuvo una expresión política capaz de resolver la contradicción. Los partidos de la burguesía catalana han intentado durante un siglo y medio arrancar a la oligarquía reaccionaria concesiones democráticas en lo que se refiere al ejercicio político de la soberanía y han retrocedido después, haciendo causa común con ella, cuando el movimiento obrero y popular ha luchado contra la explotación amenazando sus privilegios de clase.

En el presente estamos viendo un nuevo desarrollo del mismo proceso, esta vez, en un contexto de crisis económica internacional que apenas deja margen de maniobra al Estado español, endeudado al máximo; un escenario en el que incluso se agudizan las contradicciones entre las diferentes burguesías por gestionar la misma política de conducción de la crisis. El Estado español descarga la presión de la UE y el FMI sobre la clase trabajadora en forma de recortes sociales y obliga a comunidades autónomas y ayuntamientos a aplicar las recetas ordenadas desde Madrid. Si bien ciertamente los propios partidos de la burguesía catalana han aplicado la política de recortes y de austeridad, estos pueden cubrir más fácilmente su corresponsabilidad y verdaderas intenciones ante la cuestión de no poder tener un ámbito estatal propio de actuación.

En cualquier caso, las libertades democráticas no son principios abstractos. Las últimas formas que suelen catalogarse como democrático-burguesas –ya muy depauperadas de entrada con respecto a la democracia burguesa de antaño- se recortan y amoldan a los intereses dominantes: la Ley de Partidos, la ley “mordaza”, la reforma de la ley de Seguridad Nacional, el endurecimiento del Código Penal, la reforma del Tribunal Constitucional… son pasos que jalonan la degradación, ya con una represión que alcanza “carácter de masa”, del régimen del 78, paralela a las medidas antisociales como las reformas laborales, el recorte de las pensiones como contrapunto al rescate de la banca y los negocios de la oligarquía a cargo de la deuda pública, incluso con la reforma del art. 135 de la Constitución para priorizar su pago.

La represión al independentismo pone sobre la mesa ante amplios sectores las formas anti-democráticas, la falta de libertad política y el papel de las instituciones parlamentarias, en primer lugar en Catalunya pero también, objetivamente, en todo el Estado: la derrota de la reivindicación nacional catalana supondría una involución autoritaria generalizada. Se trata de una crisis política terminal del régimen monárquico-constitucional donde nada va a seguir igual y la celebración del Referéndum del 1 de Octubre con una eventual victoria independentista acelerará la crisis estructural de un Régimen ilegítimo en origen, facilitando las reivindicaciones nacionales, democráticas y sociales en los demás territorios. Y, en defintiva, facilitando que se pongan en primer plano el camino hacia la Tercera República y hasta el propio cuestionamiento de la UE y los dictados de la Troika, a condición, esto último, de que las fuerzas populares se desmarquen de la burguesía y tomen peso en el movimiento nacional preservando su independencia de clase y estratégica.

Precisamente Junts pel Si (PDEcat y ERC) se han montado sobre el movimiento popular, ondeando la estelada y poniendo siempre como condición de desarrollo del “Procés” su propia dirección burguesa, el acatamiento de la legalidad autonómica hasta la desconexión -incluidos los recortes y las políticas antisociales ordenados desde Madrid- y la voluntad de permanencia en la UE. Pretenden que el control político del movimiento sea su carta de reconocimiento por los estados e instituciones imperialistas.

Ante la parálisis política y el inmovilismo reaccionario del PP aparecen nuevas propuestas de tercera via, de “renovación del pacto constitucional” en clave “federal” (la entelequia tramposa de la “nación de naciones”) y de rehacer consensos ya superados y desacreditados. PSOE-PSC buscan con esto desactivar el movimiento por medio de nuevas promesas de reconocer la “nación cultural” –aunque sin derecho soberano-, protegiendo la lengua y la cultura catalana que marginaron y despreciaron cuando gobernaban, o proponiendo ahora fórmulas de financiación, inversiones e infraestructuras que ellos mismos rechazaron y a las que gran parte de su partido se sigue oponiendo: no sólo no son creíbles como propuestas, ni siquiera las pueden aprobar en caso de que consigan el apoyo de Podemos porque no tienen fuerza para cambiar el marco constitucional, que requiere superar los dos tercios de las dos cámaras.

El espacio electoral del PSC -que fue mayoritario entre la clase obrera del área metropolitana de Barcelona- está en gran medida ocupado por Catalunya en Comú y Podem, una amalgama reformista que engloba ICV, EUiA y gente procedente de movimientos sociales con el objetivo de ganar unas elecciones autonómicas y desalojar a la derecha del Govern de la Generalitat, siguiendo el modelo de los “ayuntamientos del cambio”. Su posición frente a la cuestión nacional es incoherente y la necesidad de definirse ante el Referéndum del 1-O les incomoda y divide. El sector más ligado a la burocracia de CC.OO. y a la dirección de ICV (Coscubiela, López Bulla, Vintró …) llaman a boicotear el Referéndum al que exigen imposibles garantías aún antes de convocarse oficialmente. Podem Catalunya llama a participar activamente, incluso votando “No” (Dante Fachin). Otros sectores de la izquierda de EUiA i de Procés Constituent apoyan el Sí a la independencia, mientras el tronco central de los comunes (Colau, Domènech…) hace declaraciones contradictorias, con una posición grave como eje: reivindican el derecho a decidir en abstracto y desacreditan el 1-O como una simple una movilización más, negando en la práctica su valor decisorio y vinculante. Exigir que el derecho de autodeterminación sea autorizado por el Estado de la nación dominante es imposibilitar su ejercicio y perpetuar la legalidad opresora. Los Comunes buscan ganar tiempo, emplean de forma demagógica el hecho cierto de los recortes y la corrupción de la burguesía catalana para justificar la equidistancia y quisieran apostar a favor del ganador, pero la movilización popular por una parte y la represión del Estado por otra les obliga a salir de la ambigüedad que han acordado y divide su confuso proyecto.

Las críticas que cabe realizar al 1-O no son los requisitos legales del referéndum cuyo valor será el de la participación masiva, sino la sujección a criterios que la restringen –como prohibir el voto de los inmigrantes y de los jóvenes de 16 a 18 años, colectivos que pudieron participar en el 9-N-.

La posición de la CUP-CC se ha amoldado a la dirección política de Puigdemont. Cedió al chantaje de la derecha catalanista apoyando los Presupuestos, con escasas compensaciones sociales, confiando en avanzar asegurando el compromiso parlamentario con el Referéndum y en que el propio protagonismo del movimiento imprimirían un giro a la izquierda en el Govern de la Generalitat. Y es cierto que ha habido avances como la aprobación de la Renda Garantida de Ciutadanía o la Ley para la reparación nominal de las víctimas de la represión franquista, pero la CUP-CC se ha diluido como alternativa política en el conjunto interclasista de entidades que apoyan el Procés, renunciando a presentar su propio proyecto de República Catalana hasta un futuro debate constituyente.

El movimiento soberanista catalán tiene base popular pero es visto con recelo por una parte de la clase trabajadora al estar dirigido por los continuadores de los gobiernos que ejecutaron los recortes antisociales. Para que la reivindicación democràtica –el derecho a la autodeterminación nacional- tenga apoyo decidido y decisivo entre la clase obrera hace falta que las organizaciones obreras y populares, los movimientos sociales y locales se agrupen en torno a un programa de clase, levantando las reivindicaciones pendientes desde un proyecto independiente para un cambio radical de sistema que ponga las instituciones públicas y los recursos al servicio de la mayoría. Nuestro reto es contribuir a que se llenen de contenido social las reivindicaciones nacionales para acabar con la precariedad laboral y la opresión de género; será necesario que la transición política cambie las prioridades para resolver el paro y garantizar la educación y la sanidad, que el cambio abarque la defensa del medio ambiente y la gestión popular de los servicios públicos, etc. Al tiempo que la unidad de clase ha de garantizar que la lucha nacional no se quede a medio camino ni sea objeto de componendas burguesas, lo que hoy pasa por la  defensa del Referéndum, la unidad de clase ha de aprovechar en todo momento la lucha nacional para que el resultado real vaya más allá con un programa de verdadera liberación social. Sin olvidar que, entretanto, habrá que seguir garantizando el máximo de unidad internacionalista y obrera, tanto en lo que respecta a la relación con la clase trabajadora de otras zonas del Estado, como en lo que atañe al trabajo político entre los trabajadores inmigrados a territorio catalán, lo que además contribuirá a no entregarlos en manos del españolismo.

De la firmeza y decisión de esa movilización popular masiva y de la solidaridad que logre convocar en el resto del Estado y a escala internacional dependerá el desenlace del 1-O. También será la movilización obrera y popular -y su organización independiente- la mejor garantía para evitar, como decimos, que la burguesía nacionalista acabe claudicando de sus tareas democráticas.

La conquista de la soberanía en Catalunya ha de ser una palanca para impulsar la lucha contra la UE y la OTAN, por el no pago de la deuda impuesta y la ruptura de los compromisos imperialistas, como la permanencia en el euro; una lucha que hemos de compartir con los pueblos del Sur de Europa y del Mediterráneo. El movimiento de base en defensa del Referéndum habrá de continuar después del Referéndum para levantar el debate constituyente desde la auto-organización de base, abordando los cambios profundos que no se pueden realizar desde el formalismo parlamentario y la “seguridad jurídica” del capital: la expropiación de la banca y las grandes empresas para poner los recursos al servicio de la mayoría en una República inclusiva y soberana que garantice la libertad, la igualdad y los derechos sociales.

¡Por el derecho a la autodeterminación de Catalunya, llamamos a participar en el Referéndum y a defenderlo con la solidaridad y la movilización obrera y popular en todo el Estado!

¡Para acabar con el Régimen del 78 llamamos a votar SI! La independencia de Catalunya es progresiva para alcanzar la ruptura democrática y apoyar ese derecho es un deber internacionalista. ¡Por la República Catalana en el camino a la libertad y el socialismo! ¡Unión de pueblos libres e iguales!

Red Roja – Xarxa Roja, Julio 2017

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