Han sido las mujeres trabajadoras, el sector del proletariado más castigado en el contexto de crisis sanitaria, social y económica este pasado año 2020. El desempleo en el Estado español ha alcanzado entre las mujeres un 19%, sólo superado en la Unión Europea por Grecia, frente al 16% de hombres, también el 53% de los ERTEs corresponde a las mujeres y por supuesto, más del 90% de las excedencias y de los abandonos del mercado laboral para afrontar tareas de cuidados, han sido mujeres.

En la miserable y repugnante campaña de la derecha y la ultraderecha, criminalizando a las mujeres por las movilizaciones del pasado 8 de marzo, acusándolas de ser las responsables de la expansión de la COVID-19, y los intentos de boicotear y prohibir las movilizaciones feministas de este año 2021, identificamos una ofensiva reaccionaria y patriarcal contra el movimiento de liberación de la mujer, pues saben el potencial de ruptura que posee.

Estamos en un contexto de alto desempleo y el patriarcado como siempre, va a resultar funcional al capitalismo, paralizando las políticas de igualdad real basadas en el desarrollo de servicios de atención a la infancia y a personas dependientes, normalizando una “vuelta al hogar” de las mujeres, para que sigan desarrollando las tareas reproductivas y de cuidados. Si, por supuesto que los hombres deben abandonar los privilegios que el patriarcado les aporta y ser corresponsables en las tareas de cuidados y reproductivas, pero sin reducciones en las jornadas de trabajo, sin servicios públicos que garanticen el igual acceso al mercado laboral, no avanzaremos.

Si no se establecen las condiciones para la igualdad de acceso al mercado laboral, el capitalismo seguirá manteniendo sectores “especiales” para que la mujer trabajadora logre conciliar las tareas de cuidados y obtener unos ingresos extras para unas economías familiares ahogadas por la hipotecas, alquileres y facturas energéticas. Por supuesto sectores precarizados, en los que el subempleo, el trabajo en negro y salarios indignos, son la norma y el patriarcado normaliza esta situación… las mujeres no quieren ser “super mamás”, ni que se valore su capacidad de sacrificio, sino ser iguales.

Las mujeres que quieren ejercer el derecho a la maternidad, deben ser reconocidas no de palabra, sino de hecho y de derechos, y que sus compañeros no sólo deban, sino que puedan compartir y ser partícipes en ello. La maternidad no puede seguir siendo una opción que comprometa la vida laboral y profesional de las mujeres trabajadoras, que no pueden acceder a servicios privados.

No podemos seguir asistiendo a que mujeres pensionistas que fueron expulsadas del mercado laboral para ocuparse de las tareas de cuidados, tengan pensiones indignas. ¿De qué reconocimiento de las mujeres nos hablan desde el Pacto de Toledo?.

No podemos tolerar que el Patriarcado imponga ideología reaccionaria mediante supuestos “Síndromes de Alienación Parental”, que ni siquiera están reconocidos por las ciencia y que incluso desde las administraciones se normaliza y se instrumentaliza contra las mujeres.

Respecto a la prostitución, de nada sirve decirse abolicionistas si no se desarrollan medios para ofrecer otra vida a las mujeres prostituidas, ni se combate a los puteros y a los traficantes de personas con determinación.

Y que no lo llamen “maternidad subrogada”, a lo que es aprovecharse de mujeres vulnerables y sin recursos para alquilar sus vientres.

Capitalismo heteropatriarcal, Heteropatriarcado capitalista. Sin liberación de la mujer no habrá revolución y quien no lo entienda tiene un serio problema. No podemos caer en las trampas reaccionarias de la derecha y la ultraderecha, con su guerra cultural contra lo que denominan “ideologías de género”, pero tampoco en ciertas izquierdas revolucionarias que todavía no han entendido que el movimiento de liberación de la mujer, con su programa táctico y estratégico, forma parte estructural de la lucha por el Socialismo y una Sociedad de individuos libres, iguales y plenos.

La juventud se mantiene en un 40% de desempleo. Si cerramos la horquilla y la limitamos a los 25 años, el paro llega al 57%. De las y los que tienen la “suerte” de encontrar un empleo, la temporalidad y el contrato a tiempo parcial, alcanzan en 70% y, trabajar más horas de las estipuladas, está a la orden del día.

Una juventud con una sobreformación, para un sistema económico dominado por un sector servicios de baja cualificación, en el que las altas cifras de desempleo, presionan a la baja salarios y derechos laborales.

Lo que en primer término debemos precisar, es la situación de anomia vigente entre amplios sectores de la juventud, que no encuentran los cauces normalizados de vida de las generaciones precedentes, de estudiar, trabajar y estabilizar una vida digna, con un salario que reproduzca las condiciones materiales de existencia. El acomodamiento o el conformismo como opciones de integración al sistema aspirando a ser “clase media”, no es ya ni opción viable para la mayoría de la juventud, lo que conduce a un cuestionamiento del modelo que incumple incluso sus propias premisas ideológicamente normalizadas.

Decíamos anomia, como ruptura de las expectativas sociales y personales, por las transformaciones del propio sistema, con graves repercusiones sociales y políticas, pues de momento, sólo sectores minoritarios de la juventud proletaria están asumiendo una conciencia política que caracterice su situación, como grupo del proletariado sobre-explotado y precarizado y se organice con el objetivo de transformar las condiciones sociales, económicas y políticas que producen y reproducen su situación.

La lumpen-proletarización es uno de los fenómenos más preocupantes, ya que el recurso a las drogas y a actividades “evasivas”, unido  al desclasamiento provocado por la ruptura de la cultura del trabajo como mecanismo de integración social, generan condiciones para cronificar la pobreza, la marginalidad y un “sálvese quien pueda”, ante el cual el Régimen sólo dará soluciones represivas e ingresos mínimos vitales, como mecanismos de contención social.

Desde la crisis del 2008, la juventud ha sido el sector del proletariado que de manera más brutal ha sufrido el impacto de la ofensiva del capital y del bloque en el poder, instrumentalizándola como fuerza de trabajo precaria en el proceso de devaluación salarial, con unos salarios conscientemente determinados por debajo del valor de la reproducción de la fuerza de trabajo.

Queremos insistir, ya que muchas veces se pierde la perspectiva, en que la juventud es un grupo del proletariado, con problemáticas que le son propias y específicas como “juventud”, pero explotada y oprimida por el capitalismo heteropatriarcal, como el resto de la clase. El aislamiento de la juventud y la ruptura intergeneracional, es uno de los recursos por parte del bloque en el poder para fragmentar al proletariado. Un aislamiento que ha sido reforzado mediáticamente, criminalizando a la juventud por los rebrotes de la COVID-19, buscando la excepcionalidad de algunas y algunos irresponsables, mientras todas y todos viajábamos del trabajo a casa y de casa al trabajo en medios de transporte públicos atestados y se mantenía a nuestras y nuestros mayores en residencias-almacén privadas y concertadas, a su suerte.  

La precarización no sólo tiene efectos directamente económicos de aumento de la explotación, sino que también implica fragmentar al proletariado, generando contradicciones en los mismos centros de trabajo y entre diferentes sectores de actividad, entre “privilegiados” y los “dispuestos a venderse” por salarios más bajos y peores condiciones.

La unidad del proletariado, para que no sea una consigna vacua, requiere el previo reconocimiento de las diferentes fracciones y grupos que constituyen al proletariado real, y no “El Proletariado” como significante abstracto. La unidad del proletariado sólo es efectiva en torno a un programa político en torno al que organizarse, y sobre la base de ese programa político, podrá ser afirmada la independencia de clase y la posibilidad de armar un bloque socio-político con capacidad de quebrar al Régimen del 78.

Sin la derogación de las reformas laborales que establecen el marco legal para la precariedad laboral y la pérdida de derechos laborales y salariales, el debate sobre la “sostenibilidad” del sistema de pensiones será pura charlatanería, pues sin los salarios y las cotizaciones del presente, no habrá pensiones del futuro. Sirva como ejemplo de las implicaciones que tiene la solidaridad intergeneracional de clase.

Se impone la necesidad de crear sujetos políticos en los que jóvenes, no tan jóvenes y veteranos y veteranas, confluyan en torno a un programa político, con el objetivo real de acumular fuerzas y transformar las correlaciones de fuerzas.  No caben glorificaciones a la juventud, pues ser joven es serlo con virtudes y defectos, ni actitudes paternalistas y condescendientes, pues ser joven a lo sumo es carecer de trayectoria militante, lo que a veces incluso es una ventaja. La juventud proletaria organizada, aún preservando los modelos de militancia, de vivir y sentir la política y el cambio como “jóvenes”, deben construirse como sujeto político con capacidad de interpelar a otros sectores “no tan jóvenes” y de ser interpelados por estos, con el objetivo de asentar las bases de la unidad  y la independencia de clase.

Hace unos días tuve una conversación con una persona muy ligada al asistencialismo muy a pie de calle, integrante de una asociación que trabaja con sectores en peligro de exclusión social, y me quedé impactado por algo que “soltó” como si tal cosa. Estábamos hablando de la necesidad de organizar en el barrio una recogida de alimentos y me explicó que debe acabarse la filosofía de los bancos de alimentos y la recogida de comida para repartirla entre la gente necesitada, ya que mucha gente no hace uso de estos servicios porque resulta “estigmatizante” y que había que ir a otras formas de ayuda basadas en la utilización de “bonos de consumo” para que fueran ellos mismos a comprar en los supermercados lo que consideraran más necesario.

La estigmatización de la pobreza, es un hecho. Lo que se buscaría es que la gente necesitada, gracias a los bonos de consumo facilitados desde los servicios sociales, consuman de manera normalizada y que su condición de pobres, no sea percibida por el resto. De esta manera, se evitarían “las colas del hambre”, la “vergüenza social” provocada por tener que esperar a que una entidad asistencialista, sea de la administración o del Tercer Sector ofrezca productos de subsistencia.

Lo grave de este hecho, es que hemos pasado a un nuevo estadio en el que la pobreza, se ha normalizado de tal forma que, lo necesario es que no sea un “estigma”. Cuando le rebatí a esta persona que lo que había que hacer era eliminar la pobreza y los factores que la provocan, me miró tiernamente. Fue una mirada con la que me decía, “ay, cómo se nota que eres comunista”.

Su lógica era impecable: hay pobres, y es necesario ayudarles. Si hay sectores que hasta ahora no eran pobres y ahora lo son, y por el estigma que supone el asumir esa condición, no acceden de manera cómoda y digna a los recursos que se les proporciona, el objetivo es que elimines los elementos que les ocasionan esas resistencias a pedir las ayudas existentes.

Su lógica era impecable, y mi estupor creciente. Podría suceder que en mi condición de trabajador asalariado con el valor de mi fuerza de trabajo reproducido un poco por encima de la media estimada socialmente, estuviera comprando en un supermercado junto a una persona desempleada de larga duración, pobre pero “no estigmatizada”, y que comprara lo mismo que yo… ¿es esto una nueva forma de igualitarismo, que un pobre simule que no lo es y que yo no me entere de su condición?.

Tal y como me explicó esta persona, que además vota para más señas a un partido de izquierdas, es la tendencia a seguir dentro de la administración y sus servicios sociales. Por supuesto, esto es indicativo de que la pobreza ha aumentado su incidencia entre sectores del proletariado que no esperaban encontrarse en una situación así, pero que todavía mantienen esperanzas de poder recomponer su vida como consumidores de “clase media”.

Lo que más me preocupó, es la forma en la que la pobreza está normalizándose y la forma en la que el discurso neoliberal “meritocrático” ha hecho pie. La certeza de la pobreza como elemento ya estructural del sistema, cuya gestión alimenta a un Tercer Sector creciente y profesionalizado y la búsqueda de la dignidad de ser pobre, como un grupo social como otro cualquiera, frente a la hipótesis de eliminar los factores que producen la pobreza. Así la pobreza, pareciera que es como la meteorología, inevitable. Me vino a la cabeza la juventud del barrio, mucha de ella sin más expectativas que la de un trabajo precario, sin posibilidades de emanciparse e iniciar un proyecto de vida… es decir, pobres desde el principio.

¿Hacia qué modelo social vamos? Pero lo terrible es que desde ciertos sectores del comunismo sigue manteniéndose la idea de que la pobreza es la condición para el desarrollo de la conciencia revolucionaria, cuando ni siquiera hay condiciones para defender derechos fundamentales como es el del trabajo digno. Pero sólo fue una conversación inocente.

La COVID-19 aceleró y agudizó una crisis económica que ya se encontraba en el horizonte del corto o medio plazo. El estancamiento macroeconómico en el conjunto de la Unión Europa ya era un hecho en 2019 y la duda no era si iba a estallar una crisis, sino cuándo y su envergadura. En el Estado español, la recuperación macroecómica a la que asistimos a partir del año 2014, fue producto de los recortes, una competitividad basada en la devaluación salarial, precarización y en definitiva, un aumento de la explotación y las desigualdades entre una oligarquía en posición de fuerza y un proletariado que se ha visto despojado de derechos sociales, laborales y salariales.

Una recuperación macro-económica que media entre 2014 y 2018, en la que las rentas del capital se han visto incrementadas frente a las del trabajo, las tasas de ganancia se han disparado y en la que la existencia de un sector del proletariado en situación de pobreza relativa y absoluta de en torno a un 20% de la población del Estado español, se ha convertido en estructural, un elemento a gestionar más que un problema social y económico a resolver. El bloque en el poder en el Estado español, es una “lumpen-oligarquía” acostumbrada al dinero fácil y a buscar sus beneficios, no mediante la inversión y la innovación, sino en la explotación, la generación de pobreza, la especulación y los entramados con el poder político, socializando las pérdidas de sus malas decisiones y privatizando los beneficios.

Por supuesto, una fase de crecimiento macroeconómico basada en los recortes, la devaluación salarial y la desvalorización del trabajo, tiene como consecuencia restar dinamismo a la demanda, al consumo de unas economías domésticas ahogadas por hipotecas y alquileres disparados por la lumpen-oligarquía rentística, por lo que el subconsumo de las masas, recortó cualquier posibilidad de mantener una dinámica de crecimiento sostenible en el tiempo.

El estallido de la pandemia, aceleró la crisis y la agudizó por las medidas que fueron tomadas para frenar su expansión. No vamos a analizar la pandemia en sí misma, ni las medidas que fueron tomadas para frenarla. Sólo diremos que la pandemia estalló en un determinado contexto de una oligarquía y un bloque en el poder en posición de fuerza, y un Régimen del 78 con un alto grado de estabilidad, consenso y capacidad de gestionar las contradicciones generadas por la lucha de clases. Un Régimen del 78 que, aún con el estallido de la crisis provocada por la COVID-19, mantiene su fortaleza y legitimidad.

Las visiones mecanicistas e idealistas, que en su momento pudieron haber establecido una correlación positiva entre crisis y concienciación, organización y movilización del proletariado, no acertaron ni de lejos. Y el hecho es que el contexto en el que nos encontramos, es el de una correlación de fuerzas muy desfavorable para el proletariado y los sectores populares, frente a una oligarquía y un bloque en el poder en situación de fuerza para desarrollar una nueva ofensiva contra derechos y libertades fundamentales y acometer la fase final del desmantelamiento de lo que entendemos como “Estado de Bienestar” con éxito.

2-LOS RETOS DEL “ANALISIS CONCRETO DE LA REALIDAD CONCRETA”

El panorama que dibujó a principios del pasado años 2020 el “relator” de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos tras su visita a ciertos lugares del Estado español que no figuran en las guías de turismo, fue impactante y desolador. Miseria, pobreza extrema… pero lo peor es que son situaciones que los efectos de la pandemia no han hecho más que expandir y, mucho nos tememos que, si no es evitado, convertirá en estructurales.

Un informe de OXFAM cuantifica en 800.000 personas las que a lo largo del 2020 se han convertido en nuevos pobres en el Estado español, alcanzándose la cifra de cinco millones la de personas que están por debajo del umbral de la pobreza. De manera simultánea, las grandes empresas de la oligarquía, a pesar de los problemas que el confinamiento les supuso, con un derrumbe de la actividad económica y el consumo, para septiembre ya estaban generando beneficios.

El bloque en el poder que controla el Régimen del 78, se sabe en posición de fuerza, y a pesar de las contrariedades que le genera la presencia de UNIDAS-PODEMOS en el gobierno de coalición, su programa político ante el estancamiento económico que se vivió en el 2019, es el de recrudecer su ofensiva económica, política e ideológica contra el proletariado. La crisis acelerada y agudizada por la pandemia, puede ser el marco perfecto para impulsar una transformación del régimen de acumulación, un cambio político y social en el que la pobreza de un 20% de la población, se presente no sólo como inevitable, sino incluso funcional para el propio sistema.

Un régimen de acumulación en el que derechos democráticos y sociales y libertades fundamentales que el proletariado había logrado alcanzar, intentarán ser revertidos de manera progresiva pero imparable. Y para que no queden dudas al respecto, volveremos a decirlo de manera aún más clara: El Estado de Bienestar en las sociedades capitalistas avanzadas, fue producto de la lucha de clases. Las ocho horas, los seguros de desempleo, la jubilación, sanidad y educación públicas, el derecho y el deber del trabajo como medio de garantizar un proyecto digno de vida y un sistema democrático de libertades y derechos formales, fueron el resultado de décadas de luchas obreras y populares, en un contexto en el que el movimiento obrero organizado mantenía capacidad ofensiva.

Como comunistas, “nuestro modelo” no es el del Estado de Bienestar, eso está claro. Pero lo que también debemos analizar es que los derechos que amparaba ese modelo, el neoliberalismo ha logrado despojarlos de su carácter estructural y básico. El Estado de Bienestar no es nuestro modelo, pero si no hay condiciones siquiera para defender derechos y libertades ya ganados y expandirlos incluso dentro de los márgenes previstos por el propio régimen, plantear la ruptura como programa táctico es mera fraseología, idealismo y voluntarismo.

Que amplios sectores del proletariado se reconozcan en discursos del neoliberalismo que deslegitiman lo público como ineficiente frente a lo privado, o que hayan asimilado las mentiras sobre la inviabilidad del sistema de pensiones “porque vivimos demasiado y cada vez hay más pensionistas”. La creciente presencia de concepciones aparentemente “meritocráticas”, que relacionan pobreza, desempleo o precariedad, con vagancia, inaptitud o ausencia de “capacidad emprendedora positivamente pobreza con vagancia, o definir los impuestos como algo negativo e incautatorio, son ejemplos del grave problema que afrontamos. Si no existen en el contexto en el que nos encontramos, fuerzas sociales y políticas con capacidad -poder- para defender derechos ganados, y el neoliberalismo en sus diferentes variantes puede articular bloques político-electorales dispuestos a desmantelar estos derechos en posición de fuerza, el movimiento comunista tiene que hacer una seria reflexión en torno a su línea política y los objetivos a corto, medio y largo plazo.

Una de las tesis fundamentales que hemos venido defendiendo desde 2019, ha sido la de la inexistencia de condiciones políticas, ideológicas y organizativas, para construir un espacio de acumulación de fuerzas en torno a un programa de ruptura y de transformación socialista. Este hecho tiene importantes implicaciones, pues de manera simultánea implica que no renunciamos ni a una ruptura, ni al socialismo y reconocer que en este contexto, nuestro marco de referencia y de intervención es el del Régimen del 78.

Dicho de otro modo, consideramos que debe ser transitada una fase necesaria en la que construir organización, independencia y unidad del proletariado y transformar las correlaciones de fuerzas de modo que la ruptura no sea una mera declaración de intenciones o una consigna vacía de contenido, sino una realidad basada en la construcción de poder constituyente con capacidad de conducir una transición hacia un modelo post-capitalista.

El que como comunistas, coincidamos con reformistas y socialdemócratas en la defensa de derechos y libertades fundamentales, no nos convierte en reformistas, sino que lo que nos posibilitan es establecer una referencialidad en primer término, entre los sectores del proletariado “de izquierdas” y reformista, en torno a luchas y reivindicaciones. Desde nuestra naturaleza marxista-leninista, es táctica y programa político basado en el análisis concreto de la realidad concreta, subordinado a una orientación estratégica revolucionaria. Una línea política revolucionaria, no se encuentra en la radicalidad de planteamientos y consignas en las que el proletariado no se reconoce, sino en avanzar en la organización, la independencia política del proletariado y en su unidad, partiendo de su diversidad e incluso de contradicciones entre sus diferentes grupos y fracciones.

La defensa de una sanidad pública de calidad e igualadora del derecho a la salud de manera universal, no es reformismo, sino parte de lo que debe ser nuestro programa político aquí y ahora. El efecto de los recortes neoliberales en el sistema sanitario y, sobre todo, en la atención primaria, ha tenido un impacto fundamental a la hora de gestionar la crisis sanitaria de la pandemia. De manera simultánea, la privatización de la salud y de los cuidados, roza la criminalidad en las residencias de nuestras y nuestros mayores, donde lo que ha predominado es el lucro de fondos buitres, para los que nuestras mayores no eran más que materia prima con la que hacer negocio. Denunciar también la ruptura del derecho universal e igualitario a la salud, en un contexto de colapso del sistema sanitario y que tener recursos para pagar un seguro médico privado puede significar la diferencia entre una detección a tiempo de una enfermedad o no. Tener una cita con el médico especialista en tres meses o en una semana y una intervención en un mes o en seis meses, tiene unas implicaciones de una extraordinaria gravedad.

¿Es reformismo defender esta orientación? ¿Es reformismo renunciar al combate político e ideológico que desde el marco del Pacto de Toledo se está desarrollando en el terreno de derechos esenciales como el de las pensiones y su financiación?. No sólo debemos defender un sistema de pensiones público, blindado y con recursos suficientes basado en unas cotizaciones, producto de la solidaridad intergeneracional de clase, sino que además debemos denunciar la precarización del trabajo y luchar por la derogación de las reformas laborales que impiden reconstruir un sistema de cotizaciones basadas en el trabajo.

En el terreno del feminismo… ¿seguiremos denunciando su “carácter burgués”, despreciando su fortaleza y capacidad de movilización incluso de chicas muy jóvenes que acceden a la militancia política a través de la lucha antipatriarcal y, por tanto, necesariamente anticapitalista?.

Entre una izquierda a la que la institucionalización y el electoralismo, no han hecho sino llevar a borrar una y otra vez líneas rojas y a peligrosos “tránsitos al centro”, y una izquierda refugiada en el sectarismo, en la parálisis política y un idealismo casi nihilista, existen márgenes para configurar un polo de transformación política y social en torno a un programa con iniciativas que amenacen al Régimen.

En sucesivos escritos, desarrollaremos más estas cuestiones. Que en todo caso esta sea una introducción a la necesidad de construir un programa político comunista con proyección en el corto y medio plazo.

“Que nosotros no fuimos nunca fanáticos de la democracia formal, sólo significa lo siguiente: siempre hemos distinguido el núcleo social de la forma política de la democracia burguesa, siempre supimos ver la amarga semilla de la desigualdad y de la sujeción social que se oculta dentro de la dulce cáscara de la igualdad y la libertad formales no para rechazarla, sino para incitar a la clase obrera a no limitarse a la envoltura, a conquistar antes el poder político para llenarlo con un nuevo contenido social. La tarea histórica del proletariado, una vez llegado al poder, es crear, en lugar de la democracia burguesa, la democracia socialista, y no abolir toda democracia”

(ROSA LUXEMBURGO)

La detención de Pablo Hasel para el cumplimiento de una condena por “apología del terrorismo”, ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión política fundamental. Su grito “muerte al Estado fascista”, ha sido consigna entre las manifestaciones de repulsa a su detención que ha hecho pie en un espacio del movimiento revolucionario, en el que el Estado español es caracterizado como “fascista”.

Por supuesto, condenamos la sentencia que ha conducido a Pablo Hasel a prisión, como no puede ser de otra forma, ya que entendemos que vulnera el principio fundamental de la libertad de expresión, como elemento definitorio del Estado liberal democrático y de derecho. Dicho de otra forma, Pablo Hasel no ha sido encarcelado porque un “Estado fascista” haya puesto en marcha su maquinaria represiva, sino que la máquina represiva, ha sido la de un Estado liberal democrático y de derecho.

Paradógicamente, definir al Estado español como fascista por prácticas represivas de este tipo, podría generar comparaciones respecto a otros estados capitalistas democráticos, “blanqueando” otras legalidades liberal-burguesas.

No es una cuestión menor. El Estado español no es fascista, y de nada vale recurrir a argumentos como que el fascismo opera de formas diferentes en el presente, que no hay que pensar en masas uniformadas y militarizadas y en parafernalias propias de los años 30. Efectivamente, en el Régimen del 78 hemos asistido y asistimos, a torturas, prácticas de terrorismo de Estado, “Cloacas”, vulneraciones de derechos y libertades de diverso tipo, e incluso podemos hablar de una “deriva autoritaria”, pero estos elementos, por muy miserables y condenables que sean, no nos remiten a lo que sería un Régimen fascista.

Ya en este punto del escrito, habrá quienes apunten a que estoy tratando de “blanquear” el Régimen al no tacharlo como fascista. Ni mucho menos es así, pues de lo que se trata es de realizar una correcta caracterización del Régimen, no para abrir un debate de tipo académico-politológico, sino precisamente para encontrar los elementos en torno a los cuales se puedan desarrollar elementos reales de deslegitimación del mismo, para superarlo en términos democráticos.

Afirmar que nos encontramos en un Régimen fascista, es la forma con la que ciertos núcleos revolucionarios pretenden evitar posibles “desviaciones oportunistas y reformistas”, cerrando la posibilidad de avances políticos y organizativos del

Proletariado. No porque de facto no sean posibles, sino porque estos avances en realidad no servirían para otra cosa que legitimar y consolidar al propio régimen, lo que conduce a un bucle, en el que la actividad política revolucionaria estaría limitada “por decreto” a las determinadas por una oposición contra un Estado fascista, con implicaciones muy importantes en lo referido a una línea de masas.

Existen suficientes evidencias como para saber que existe una legalidad liberal-burguesa y democrática, que permite entre otras cuestiones, que existan organizaciones comunistas, anarquistas, independentistas, un sistema de garantías jurídicas e incluso -y atención con esto, que no sea malinterpretado- un control sobre las fuerzas represivas que no permite hablar de una impunidad absoluta ante casos de abusos policiales.

Otra cuestión es que denunciemos las contradicciones existentes entre legalidad y casos concretos y de un deriva autoritaria Que pongamos sobre la mesa casos en los que la justicia no opera en términos ni siquiera de igualdad “formal” ante la ley, o que situaciones de torturas y abusos policiales terminen en condenas irrisorias o incluso absoluciones, o jueces que ante la violación de una mujer, hable de “jolgorio”… Pero de ahí a hablar de fascismo, dista bastante.

No es lo mismo la democracia liberal-burguesa en Suecia, Alemania, Hungría o España. Las correlaciones de fuerzas determinan la forma en la que el bloque en el poder impone su dominación e incluso se dan situaciones, en las que el bloque en el poder establece alianzas con fracciones y grupos del proletariado para reforzar la legitimidad del Régimen, ampliando derechos y libertades formalmente democráticas.

En el caso del Estado español, el Régimen del 78 es una estructura cuya función es la reproducción política, económica e ideológica del capitalismo y de su bloque en el poder que, a su vez, no es un bloque monolítico, sino que en el mismo operan contradicciones entre las diferentes fracciones de capitalistas y su relación con el propio Régimen y sus aparatos, cuya función en última instancia es la de asegurar la estabilidad. Una estabilidad que, a pesar de que podamos señalar centenares de casos de represión, esencialmente no es predominantemente represiva, pues incluso no resultaría funcional para el propio régimen.

A cierto empresariado, por supuesto le gustaría que los y las trabajadoras trabajaran incluso gratis, o entre los sectores reaccionarios, que el catolicismo fuera la religión oficial y proscribir el aborto, pero existen condiciones para que no sea posible -al menos de momento- porque existe un Estado de derecho, en el que los sindicatos, aún funcionando como aparatos del régimen, aportan una estabilidad para la reproducción y acumulación de capital.

Como afirma Rosa Luxemburgo, no somos defensores de la democracia formal burguesa, pero si sabemos diferenciar los márgenes que deja abiertos para una profundización democrática y para el desarrollo de una línea de masas que vaya más allá de grupos revolucionarios encerrados en el bucle de una caracterización fascista del Estado. Dicho de otra manera, lo ideal hubiera sido lograr movilizaciones masivas en la que el proletariado hubiera acudido en masa incluso con hijas e hijos, en las que un conjunto de organizaciones denunciaran las violaciones de derechos fundamentales democráticos, incluido el derecho a la libre expresión de Pablo Hasel, y que se retraten las fuerzas “progresistas” que integran el gobierno de coalición, y mostrar fuerza democrática precisamente frente a los sectores fascistas que quieren ganar posiciones dentro del Régimen.